¿Imputación prevaricadora?

Mañana el tribunal supremo decide si imputa o no al presidente de la Generalidad Valenciana Francisco Camps.

Eso sería una cuestión judicial, con importantes repercusiones políticas, si hubiera sido una instrucción normal, pero cuando ayer mismo el juez instructor, sin haber sido suspendido como en otros casos, ha tenido que declarar por haber realizado escuchas ilegales en este caso (o en el caso madre del que se ha escindido este) la situación varia.

Varia pues el juez ha aplicado una legislación excepcional, que como lego en leyes no acabo de entender porque va más allá de la excepcional situación de la lucha contra el terrorismo, a algo que no le es, en principio aplicable.

Se podría aducir que lo de menos son las escuchas, pues a fin de cuentas la imputación por los trajes no parte de estas. Pero la situación es más compleja.

Por una parte no hay ninguna prueba documental, o de otro tipo, del regalo de dichos trajes. Cierto que Camps no ha probado documentalmente que los comprara, pero tampoco sus acusadores han probado lo contrario. Es pues, la palabra de una persona contra otra. La legislación, cualquier legislación que se precie de democrática, debe mantener el principio de presunción de inocencia, lo que no parece cumplirse en este caso.

Pero hay otro hecho adicional: en las escuchas, estudiadas y desechadas como ilegales por los tribunales de Madrid, resulta que, además de las palabras que el juez Garzón ha usado para realizar diversas imputaciones, hay palabras del acusador, o testigo de la acusación, como se le quiera llamar, de Camps, reconociendo que lo de los regalos de los trajes es falso, que ni él ni el bigotes le han regalado nada y que su falo fue que los pago en efectivo y no pidió factura.

Por ello, tanto por la vía de la presunción de inocencia como para evitar la patata caliente de verse finalmente obligados a aceptar, como exculpatorias, unas escuchas ilegales que no pueden, en buena ley aceptar reabrir el caso… pero como reza el dicho “España es diferente” y todo podría ocurrir.

Nos veremos, en ese caso, en una judicialización de la vida política. Sólo si el PP decide, ante la inacción de la fiscalía, ir contra Bono, Cháves y demás políticos socialistas, a los que la fiscalía no ha querido investigar, si no, solo estaremos en una persecución de la oposición por parte de las instituciones del estado, digna de los últimos años de la republica de Weimar, es decir la Alemania de los años 30.

Acabar diciendo que no defiendo específicamente a Camps, a quien reprocho, entre otras cosas no eliminar la “bandera catalana” de algunos sectores del PP en Valencia pero como cierto filósofo dijo una vez:

“Vinieron por los judíos… pero yo no era judío…” si dejamos que los intereses de partido se impongan sobre las libertades individuales será la constatación que esta España del siglo XXI ha vuelto al camino de las dictaduras.

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